lunes, 23 de enero de 2017

Ley de Residencia PRO

El gobierno de Mauricio Macri tiene muy claro el camino que pretende desandar en materia migratoria. No hay errores ni improvisaciones. Más bien, una continuidad ideológica con los tiempos en los que el presidente era el jefe de Gobierno porteño. El martes, ordenó a sus ministros que diseñaran la reforma de la Ley de Migraciones, con un decreto que contemplaría agilizar las deportaciones sin control judicial ni defensa legal, restringir el ingreso de migrantes y habilitar la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas.
Ansioso por capitalizar la xenofobia que por estos días reina en los medios concentrados y entre un amplio espectro de dirigentes, con el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto a la cabeza (“El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”, dijo), el presidente incluyó el tema en la primera reunión de Gabinete del año. Las medidas van en sintonía con el discurso del flamante presidente estadounidense Donald Trump, el amigo americano de Macri que anhela deportaciones masivas al norte del Río Bravo.
En rigor, el gobierno, que anuncia esta reforma como parte de sus políticas de seguridad, ya multiplicó en los primeros nueve meses de 2016 las expulsiones de migrantes: de los 1908 del año anterior a 3258. Nada importa que la Argentina tenga el menor porcentaje de extranjeros de las últimas décadas: cerca del 4,5% consignado en el último censo. Una proporción similar, el 6%, representa a los foráneos en cárceles argentinas. Son 4400 los extranjeros presos, apenas el 0,2% de los más de 2 millones de migrantes que viven en el país.
Inmigración (des)controlada
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) accedió al borrador del decreto que busca cambiar las leyes de Migraciones Nº 25.871 y de Nacionalidad Nº 346: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión.
El director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, explica a Tiempo que preocupa “la manera en que el gobierno propone el tema, prescindiendo de la discusión institucional que se podría dar en el Congreso, resumiéndolo a una asociación entre migración y delito, sin información que lo sustente. Esto va a generar un problema serio, porque la sola posibilidad de que un migrante se vea involucrado en una causa judicial puede habilitar su expulsión. Esta medida se extendería a quienes ya tienen la radicación”. Desde el CELS sostienen que la propuesta del PRO “busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es ‘legal’”.
En pleno año electoral, Macri echa mano a discursos cargados con dosis parejas de xenofobia. En su primera conferencia de prensa del año, afirmó que “por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir”. No es la primera vez que lo hace. El antropólogo especializado en migraciones y miembro activo de la Red de Líderes Migrantes en Argentina, Pablo Mardones, recuerda las violentas jornadas en el Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, cuando Macri señaló a la “inmigración descontrolada” como la causa de la violencia. "Se trató del primer discurso abiertamente xenófobo de un alto funcionario, desde las declaraciones de Carlos Corach durante el gobierno de Menem, cuando se intentó modificar las Ley de Migraciones", dice Mardones.
Una vez más, el “chivo expiatorio” se hace carne en la figura de los migrantes pobres. “Los gobiernos de derecha vienen impulsando políticas restrictivas y acusan a la migración de los males sociales, sobre todo en un contexto recesivo. Denuncian la ultrademanda que hacen los migrantes de los servicios sociales básicos, como el sistema hospitalario y la educación. Pero eso es falso”. Según datos del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) de la Universidad de Tres de Febrero, “la proporción de estudiantes extranjeros en escuelas argentinas es de apenas un 1,6% en la primaria y de, 1,9% en la secundaria”.
Vigilar y expulsar
El cambio de paradigma apunta a la detención y la expulsión en remplazo de la regularización. La Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, tiene un fuerte espíritu integracionista y resalta el migrar como un derecho humano, en sintonía con la aparición de la Unasur y los gobiernos populares de la Patria Grande. Y permitió la revocación de la llamada “ley Videla”. Mardones marca que desde su arribo a la Casa Rosada “hay un esfuerzo manifiesto del macrismo para diferenciarse del gobierno anterior, y el tema migraciones es un punto central”. La xenofobia ya mostró sus primeros brotes verdes en 2016. En los primeros nueve meses de gestión se llegó a 3258 expulsiones (un 70% más que el total de 2015).
El actual titular de la Dirección Nacional de Migraciones es el abogado Horacio García, quien se desempeñaba como subsecretario en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En una reunión con la Red Nacional de Líderes Migrantes en marzo de 2016 –que puede verse en YouTube– García subrayó que las nuevas autoridades no eran “cucos ni miembros del Ku Klux Klan. Queremos producir todos juntos, pero ordenados”.
Para diversas organizaciones sociales, el DNU que impulsa el Ejecutivo es una flagrante regresión. La situación de los migrantes será aun más frágil. A la precariedad laboral, el hostigamiento de las fuerzas de seguridad y las dificultades para lograr la inserción escolar y el acceso al sistema de salud, se sumará la amenaza latente del sistema de justicia criminal. Ya el año pasado el gobierno había impulsado un espacio de detención para “combatir la irregularidad migratoria”.
“Todo esto genera incertidumbre –cierra Diego Morales, del CELS–. Se habilita a criminalizar y expulsar a cualquier sospechoso. Tememos que detrás de esta propuesta haya un nuevo mecanismo de expulsión y control social y migratorio, por fuera de la ley”. «
Persecución en todas sus formas
La doctora Brenda Canelo, licenciada en Antropología Social, investigadora del Conicet y docente de la UBA, pasó unas fiestas poco felices. En medio de las protestas por los recortes en el área científica, debió soportar un funesto ataque virtual por haber osado posar en una foto en las redes con un cartel que decía: “No al ajuste en Ciencia, Tecnología y Universidad. Investigo migración, políticas públicas y acceso a derechos.” Estos conceptos resultaron irritantes tanto para trolls financiados desde las usinas macristas como usuarios de Internet identificados con el gobierno que replicaron la imagen informando falsamente que era una “militante K que gana 50 lucas y hoy corta las calles contra Macri y vos no podés circular”. En diálogo con Tiempo, la especialista explica que el oficialismo “está consolidando, ampliando y profundizando el modelo de tratamiento de los inmigrantes que empezó a desarrollar en la Ciudad en 2010, punto de quiebre en la política migratoria que venía desde el 2000, cuando a raíz del conflicto en el Parque Indoamericano, Macri y sus funcionarios culpabilizaron a la denominada inmigración descontrolada, que la vincularon con el narcotráfico y la delincuencia”. “Desde instancias oficiales se dieron discursos que pensábamos que no se iban a volver a escuchar y menos aún desde el poder, aunque evidentemente prendían en la sociedad”, analiza Canelo, y precisa: “Antes Migraciones se dedicaba a facilitar la regularización, pero ahora, con la excusa de la regulación de la inmigración y para evitar la trata, se están haciendo operativos de persecución a los inmigrantes intentando encontrar irregularidades.” 
Antecedentes
La ley Cané (1902)
La Ley Nº 4144, redactada por el escritor Miguel Cané, el célebre autor de Juvenilia, fue sancionada durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. La normativa permitía expulsar a todo extranjero que “perturbara el orden público” sin juicio previo, además de impedir la entrada al país a los extranjeros que tuvieran antecedentes. Se les aplicó a obreros socialistas y anarquistas que promovían el avance de la justicia social. Permaneció vigente durante 56 años y recién fue derogada durante la presidencia de Arturo Frondizi.
"La invasión silenciosa" (2000)
El 4 de abril del año 2000, la revista La Primera publicó una nota de tapa titulada “La invasión silenciosa”, que contenía un discurso abiertamente xenófobo y discriminatorio. La nota del semanario editado por Daniel Hadad estaba plagada de inexactitudes para alimentar prejuicios contra los migrantes. El artículo afirmaba: “A diferencia de la migración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de la capital de Europa. Llegan de Bolivia, Perú y Paraguay. Hoy utilizan nuestros hospitales y escuelas, toman plazas y casas, ocupan veredas y quitan el trabajo a los argentinos”. 
"Repatriaciones" forzadas (1978)
En el año 1978, la dictadura argentina “repatrió” a la fuerza a miles de migrantes de países limítrofes radicados en villas miseria de la Capital Federal. El brigadier Osvaldo Cacciatore, alentado por la premisa de “limpiar Buenos Aires” antes del comienzo del Mundial ’78, fue el impulsor de la medida. En los noticieros de la época, cínicamente envueltos en un relato armonioso y festivo, se destacaba “la alegría de volver a casa” que sentían las familias de bolivianos expulsados. Mirá el video de cómo lo registró la televisión oficial: 
Publicada en Tiempo Argentino, se lee por acá