martes, 21 de agosto de 2012

Chile y la herencia de Pinochet


pinocho art


Entrevista a Gabriela Zuñiga, miembro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile

Por Nicolás G. Recoaro desde Santiago, Chile.

Después de las protestas que generó la exhibición del documental en homenaje el dictador Augusto Pinochet en el Teatro Caupolicán de la capital chilena, visité la sede santiaguina de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y pude conversar con la filósofa Gabriela Zuñiga, activa miembro del histórico organismo de Derechos Humanos que enfrentó los largos años de plomo pinochetistas y continúa alzando su voz en estos tiempos de hegemonía neoliberal heredados de la dictadura, encarnados en el gobierno del derechista Sebastián Piñera.

“Chile enfrenta momentos extremadamente delicados, porque ya no sólo presenciamos un homenaje a un ex dictador, sino que nos enfrentamos a un gobierno que intenta instalar la ‘política de los empates’, con una clara decisión de negar el genocidio y el terrorismo de Estado”, dice Zuñiga mientras fuma y ordena unos afiches que promocionaron el festival Vivas Voces, el emprendimiento musical gestado por la agrupación de Derechos Humanos para conseguir financiamiento. Zuñiga denuncia que a pesar de que el Estado aprobó el año pasado los fondos para la manutención de la AFDD, “estos fueron denegados sin razón, lo que no permitió que pudiéramos tener recursos para este año. Por eso artistas como Inti Illimani, Illapu, Juanafe, Manuel García y Nano Stern se solidarizaron y ofrecen su música para ayudarnos. Vamos a conseguir financiamiento y queremos denunciar el silenciamiento oficial que se nos quiere aplicar y, fundamentalmente, demostrar que hay un pueblo que no olvida.”

-A partir de la exhibición del documental Pinochet se inició en Chile una fuerte discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el país.
-Que es una discusión muy válida, pero primero tenemos que decir que en cualquier otro país del mundo, quien hace alegoría o reivindica lo que es el genocidio o el terrorismo de Estado puede terminar en la cárcel. Chile tiene firmados diversos tratados internacionales de Derechos Humanos que condenan la reivindicación de genocidios. Y este documental es un panfleto mal hecho que reivindica a un genocida. Un acto de presentación así no se podría celebrar en Alemania, por ejemplo, donde no se puede homenajear a Hitler. En Chile, hoy día, legalmente se pueden celebrar estos actos, pero moralmente no se debería. En una sociedad democrática en serio esto no sucedería, y también muestra la radicalización que han tenido los posicionamientos de los sectores más fascistas de la derecha chilena.
-¿Y cómo reacciona la sociedad chilena frente a este tipo de homenajes?
-La sociedad chilena está muy segregada y disciplinada. Aquí tenemos una sociedad totalmente estratificada y prejuiciosa. Con una mentalidad casi militar, muy apegada a la norma y al qué dirán. Una sociedad castrada, que repite el discurso de los grandes medios, y que también ha llegado a expresiones nacionalistas cercanas al fascismo. Y todo esto cuesta cambiarlo. Hay que tener muy en cuenta que Pinochet se quedó en el poder 17 años sin fisura visible alguna, y eso no pasó con ninguna dictadura de Latinoamérica.
-Sin embargo, el último año se han desarrollado una serie de manifestaciones estudiantiles y civiles que han movilizado a buena parte de la sociedad chilena. ¿Cómo viven los organismos de Derechos Humanos esta coyuntura?
-En mayo del año pasado empezaron las manifestaciones estudiantiles, donde más de 100 mil “cabros” (chicos) han salido a las calles. Y eso de alguna manera cambia el escenario político, es un punto que marca un antes y un después en Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos somos un referente que está en el centro de ese cambio político, más allá de las limitaciones económicas y que también muchos de los compañeros ya estamos bastante viejos. Nosotros sentimos el respeto que nos tiene la sociedad chilena, y también vemos cómo el gobierno nos intenta invisibilizar. Hay que tener un criterio de realidad al analizar la coyuntura actual de Chile, pero todas las movilizaciones nos dan esperanza al ver que se sensibiliza cada vez un sector mayor de gente.
-Se dice que a diferencia de la dictadura argentina, Pinochet se retira victorioso del poder y por eso consigue instalar la impunidad en las causas por desaparición y tortura. ¿En 20 años de gobierno de la Concertación esto no pudo cambiarse?
-No han habido políticas estatales para resolver las causas. Chile partió mal con la política de los consensos. El caso del ex presidente Patricio Aylwin es paradigmático porque formó parte de la Concertación, pero también apoyó el golpe de Estado contra Allende, porque pensaba que después del golpe le iban a pasar el poder, pero esto no fue así. Y lo que dice Aylwin durante su presidencia, ni bien recuperamos la democracia en los ’90, es “justicia en la medida de lo posible”, y eso nos terminó arruinando. Después, el ex presidente (Ricardo) Lagos, que decía que era socialista, mandó todas las leyes de impunidad juntas. Él decía que privilegiaba la verdad, y nosotros le contestábamos que se olvidaba de la justicia. Después prensábamos que con (Michelle) Bachelet se podía avanzar y no pudo ser.
-Actualmente sólo los mandos altos de las Fuerzas Armadas son los que se encuentran presos por causas de desaparición y tortura durante la dictadura.
-Sólo están detenidos los mandos altos. Están todos presos, pero ninguno con una condena a perpetuidad, tienen acumulación de condenas. Además, no están en cárceles comunes. Durante los gobiernos de Eduardo Frei y Lagos se construyeron cárceles especiales, como bungalows, cabañas. Pensemos que son generales, son la cúpula, y están resguardados por gendarmería, que dentro de las Fuerzas Armadas son lo más bajo. Imaginemos a un gendarme que tiene que vigilar a un general, es ridículo. Es más, nosotros hemos denunciado que los militares salen con total impunidad de las cárceles: hay fotos de ellos caminando por los shopping, comprando verduras, comprando cigarros o en los cumpleaños de sus hijos. O sea, esas no son las cárceles en las que tienen que estar.
-¿Y esas denuncias que realizan los organismos de Derechos Humanos tienen algún grado de repercusión o quedan invisibilizadas por los medios de comunicación chilenos?
-Aquí hay un tema muy complejo con los medios de comunicación. En Chile existe un duopolio que está conformado por los diarios La Tercera y El Mercurio. Que más allá de ser diarios impresos, son dueños de universidades y muchas empresas. Hay que decir que en Chile casi no existe el periodismo de investigación y los medios alternativos tienen muy poca difusión. Y estos medios masivos nos ignoran e invisibilizan porque de alguna manera han sido cómplices durante a dictadura. 
-En Chile, más allá de la condena a las cúpulas militares, no se ha puesto en discusión la complicidad de los civiles con la dictadura de Pinochet.
-No, no están detenidos los civiles que colaboraron durante la represión, como los grandes latifundistas chilenos que tuvieron todo el apoyo para Pinochet. Como también los responsables de ATT o de Cristalerías Chile, donde sucedieron verdaderas masacres durante aquellos años. Están involucrados, quizás no de forma directa en la tortura, pero eran cómplices de lo que hacían los militares. Es más, el modelo neoliberal en Chile lo instala en aquellos años José Piñera, el hermano del actual presidente.
-¿Hay conexiones entre la dictadura y algunos funcionarios que hoy integran el gobierno de Sebastián Piñera?
-Muchos de los hijos de aquellos latifundistas y empresarios hoy participan activamente en el gobierno de Piñera, como el actual ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, que trabajó en El Mercurio en aquellos años y afirmaba que ignoraba lo que estaba pasando con los desaparecidos. O como Andrés Chadwick, el actual secretario de gobierno, que fue presidente de la FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile) y adhería a la dictadura, y con cinismo decía que ‘lamentaba lo de estas mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos’. Si uno se toma el trabajo de buscar los antecedentes de los miembros del Gabinete de Piñera se puede descubrir que económica o ideológicamente en un 90% de los casos han apoyado a Pinochet.


La historia de Álvaro
Durante la dictadura pinochetista, Gabriela Zuñiga sufrió la desaparición de su marido Álvaro Barrios, estudiante universitario y militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Zuñiga recuerda: "Yo lo conozco a Álvaro en la universidad, donde yo estudiaba Filosofía y él Inglés. Fue uno de esos amores muy típicos de esa época, esos años de los hippies, la Guerra de Vietnam, la minifalda, los anticonceptivos, tiempos de muchos cambios." Su marido fue sacado de su casa por miembros de la sangrienta DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) el 15 de agosto de 1974 y estuvo detenido en Londres 38, un centro clandestino de detención que estaba ubicado muy cerca de La Alameda, en pleno centro de la capital chilena. “Esa era una zona de muchos hoteluchos y paradas de buses. Durante la búsqueda del Álvaro pasé miles de veces por ahí. Yo nunca me hubiera imaginado que mi marido estaba detenido en ese lugar. En ese momento había listados oficiales, pero no aparecían nuestros familiares. Y en esas búsquedas empecé a conocer a muchas personas que estaban en la misma situación. Así nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que no tiene una fecha precisa de fundación. Era que esto era tan nuevo, horrible y nuevo.” La causa por la desaparición de Álvaro fue cerrada por la Corte Suprema el año pasado: “y los responsables son la cúpula de la DINA. Siempre se acusa a los mismos”, reflexiona Zuñiga.