Entrevista a Gabriela
Zuñiga, miembro de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile
Por Nicolás G. Recoaro desde Santiago, Chile.
Después de las protestas que generó la exhibición del
documental en homenaje el dictador Augusto Pinochet en el Teatro Caupolicán de
la capital chilena, visité la sede santiaguina de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y pude conversar con
la filósofa Gabriela Zuñiga, activa miembro del histórico organismo de Derechos
Humanos que enfrentó los largos años de plomo pinochetistas y continúa alzando
su voz en estos tiempos de hegemonía neoliberal heredados de la dictadura, encarnados
en el gobierno del derechista Sebastián Piñera.
“Chile enfrenta momentos
extremadamente delicados, porque ya no sólo presenciamos un homenaje a un ex
dictador, sino que nos enfrentamos a un gobierno que intenta instalar la
‘política de los empates’, con una clara decisión de negar el genocidio y el
terrorismo de Estado”, dice Zuñiga mientras fuma y ordena unos afiches que promocionaron
el festival Vivas Voces, el emprendimiento musical gestado por la agrupación de
Derechos Humanos para conseguir financiamiento. Zuñiga denuncia que a pesar de que el Estado aprobó el año pasado los fondos para la
manutención de la AFDD, “estos
fueron denegados sin razón, lo que no permitió que pudiéramos tener recursos
para este año. Por eso artistas
como Inti Illimani, Illapu, Juanafe,
Manuel García y Nano Stern se solidarizaron y ofrecen su música para ayudarnos.
Vamos a conseguir
financiamiento y queremos denunciar el silenciamiento oficial que se nos quiere
aplicar y, fundamentalmente, demostrar que hay un pueblo que no olvida.”
-A partir de la exhibición
del documental Pinochet se inició en
Chile una fuerte discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el
país.
-Que es una discusión muy válida, pero primero
tenemos que decir que en cualquier otro país del
mundo, quien hace alegoría o reivindica lo que es el genocidio o el terrorismo
de Estado puede terminar en la cárcel. Chile tiene firmados diversos tratados
internacionales de Derechos Humanos que condenan la reivindicación de
genocidios. Y este documental es un panfleto mal hecho que reivindica a
un genocida. Un acto de presentación así no se
podría celebrar en Alemania, por ejemplo, donde no se puede homenajear a
Hitler. En Chile, hoy día, legalmente se pueden celebrar estos actos, pero
moralmente no se debería. En una sociedad democrática en serio esto no
sucedería, y también muestra la radicalización que han tenido los
posicionamientos de los sectores más fascistas de la derecha chilena.
-¿Y cómo
reacciona la sociedad chilena frente a este tipo de homenajes?
-La sociedad chilena está muy segregada y
disciplinada. Aquí tenemos una sociedad totalmente estratificada y prejuiciosa.
Con una mentalidad casi militar, muy apegada a la norma y al qué dirán. Una
sociedad castrada, que repite el discurso de los grandes medios, y que también
ha llegado a expresiones nacionalistas cercanas al fascismo. Y todo esto cuesta
cambiarlo. Hay que tener muy en cuenta que Pinochet se quedó en el poder 17
años sin fisura visible alguna, y eso no pasó con ninguna dictadura de
Latinoamérica.
-Sin embargo, el último año
se han desarrollado una serie de manifestaciones estudiantiles y civiles que
han movilizado a buena parte de la sociedad chilena. ¿Cómo viven los organismos
de Derechos Humanos esta coyuntura?
-En mayo del año pasado empezaron las manifestaciones
estudiantiles, donde más de 100 mil “cabros” (chicos) han salido a las calles.
Y eso de alguna manera cambia el escenario político, es un punto que marca un
antes y un después en Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos somos un referente que está en el centro de ese cambio político,
más allá de las limitaciones económicas y que también muchos de los compañeros
ya estamos bastante viejos. Nosotros sentimos el respeto que nos tiene la
sociedad chilena, y también vemos cómo el gobierno nos intenta invisibilizar.
Hay que tener un criterio de realidad al analizar la coyuntura actual de Chile,
pero todas las movilizaciones nos dan esperanza al ver que se sensibiliza cada
vez un sector mayor de gente.
-Se dice que a diferencia de
la dictadura argentina, Pinochet se retira victorioso del poder y por eso
consigue instalar la impunidad en las causas por desaparición y tortura. ¿En 20
años de gobierno de la Concertación esto no pudo cambiarse?
-No han habido políticas estatales para resolver las
causas. Chile partió mal con la política de los consensos. El caso del ex
presidente Patricio Aylwin es paradigmático porque formó parte de la
Concertación, pero también apoyó el golpe de Estado contra Allende, porque
pensaba que después del golpe le iban a pasar el poder, pero esto no fue así. Y
lo que dice Aylwin durante su presidencia, ni bien recuperamos la democracia en
los ’90, es “justicia en la medida de lo posible”, y eso nos terminó
arruinando. Después, el ex presidente (Ricardo) Lagos, que decía que era
socialista, mandó todas las leyes de impunidad juntas. Él decía que
privilegiaba la verdad, y nosotros le contestábamos que se olvidaba de la
justicia. Después prensábamos que con (Michelle) Bachelet se podía avanzar y no
pudo ser.
-Actualmente sólo los mandos
altos de las Fuerzas Armadas son los que se encuentran presos por causas de
desaparición y tortura durante la dictadura.
-Sólo están detenidos los mandos altos. Están todos
presos, pero ninguno con una condena a perpetuidad, tienen acumulación de
condenas. Además, no están en cárceles comunes. Durante los gobiernos de
Eduardo Frei y Lagos se construyeron cárceles especiales, como bungalows,
cabañas. Pensemos que son generales, son la cúpula, y están resguardados por
gendarmería, que dentro de las Fuerzas Armadas son lo más bajo. Imaginemos a un
gendarme que tiene que vigilar a un general, es ridículo. Es más, nosotros
hemos denunciado que los militares salen con total impunidad de las cárceles:
hay fotos de ellos caminando por los shopping, comprando verduras, comprando
cigarros o en los cumpleaños de sus hijos. O sea, esas no son las cárceles en
las que tienen que estar.
-¿Y esas denuncias que
realizan los organismos de Derechos Humanos tienen algún grado de repercusión o
quedan invisibilizadas por los medios de comunicación chilenos?
-Aquí hay un tema muy complejo con los medios de
comunicación. En Chile existe un duopolio que está conformado por los diarios La Tercera y El Mercurio. Que más allá de ser diarios impresos, son dueños de
universidades y muchas empresas. Hay que decir que en Chile casi no existe el
periodismo de investigación y los medios alternativos tienen muy poca difusión.
Y estos medios masivos nos ignoran e invisibilizan porque de alguna manera han
sido cómplices durante a dictadura.
-En Chile, más allá de la
condena a las cúpulas militares, no se ha puesto en discusión la complicidad de
los civiles con la dictadura de Pinochet.
-No, no están detenidos los civiles que colaboraron
durante la represión, como los grandes latifundistas chilenos que tuvieron todo
el apoyo para Pinochet. Como también los responsables de ATT o de Cristalerías
Chile, donde sucedieron verdaderas masacres durante aquellos años. Están
involucrados, quizás no de forma directa en la tortura, pero eran cómplices de
lo que hacían los militares. Es más, el modelo neoliberal en Chile lo instala
en aquellos años José Piñera, el hermano del actual presidente.
-¿Hay conexiones entre la
dictadura y algunos funcionarios que hoy integran el gobierno de Sebastián
Piñera?
-Muchos de los hijos de aquellos latifundistas y empresarios
hoy participan activamente en el gobierno de Piñera, como el actual ministro de
Desarrollo Social Joaquín Lavín, que trabajó en El Mercurio en aquellos años y afirmaba que ignoraba lo que estaba
pasando con los desaparecidos. O como Andrés Chadwick, el actual secretario de
gobierno, que fue presidente de la FEUC (Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica de Chile) y adhería a la dictadura, y con cinismo decía
que ‘lamentaba lo de estas mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos’. Si
uno se toma el trabajo de buscar los antecedentes de los miembros del Gabinete
de Piñera se puede descubrir que económica o ideológicamente en un 90% de los
casos han apoyado a Pinochet.
La historia
de Álvaro
Durante la dictadura pinochetista, Gabriela Zuñiga
sufrió la desaparición de su marido Álvaro Barrios, estudiante universitario y
militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Zuñiga recuerda:
"Yo lo conozco a Álvaro en la universidad, donde yo estudiaba Filosofía y él
Inglés. Fue uno de esos amores muy típicos de esa época, esos años de los
hippies, la Guerra de Vietnam, la minifalda, los anticonceptivos, tiempos de
muchos cambios." Su marido
fue sacado de su casa por miembros de la sangrienta DINA (Dirección de
Inteligencia Nacional) el 15 de agosto de 1974 y estuvo detenido en Londres 38,
un centro clandestino de detención que estaba ubicado muy cerca de La Alameda,
en pleno centro de la capital chilena. “Esa era una zona de muchos hoteluchos y
paradas de buses. Durante la búsqueda del Álvaro pasé miles de veces por ahí.
Yo nunca me hubiera imaginado que mi marido estaba detenido en ese lugar. En
ese momento había listados oficiales, pero no aparecían nuestros familiares. Y en
esas búsquedas empecé a conocer a muchas personas que estaban en la misma
situación. Así nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
que no tiene una fecha precisa de fundación. Era que esto era tan nuevo,
horrible y nuevo.” La causa por la desaparición de Álvaro fue cerrada por la
Corte Suprema el año pasado: “y los responsables son la cúpula de la DINA.
Siempre se acusa a los mismos”, reflexiona Zuñiga.
