Cannabis. La palabra flotó,
salida de la boca del Presidente. Una nube de nieve en el aire dos veces
respirado de la Cámara de Diputados. Una intrusa alienígena y alucinógena en la
pompa y circunstancia oratorias del discurso del Estado de la Nación. Una
solemnidad anual, pero en 2021 con el marco ominoso de la pandemia. El 1° de
marzo, en la inauguración de las sesiones parlamentarias de este pandémico
2021, Alberto Fernández colaba el anuncio cannábico como una buena noticia
psicodélica entre otras irreductibles en su monótona monocromía: bajas en el
impuesto a las ganancias, victoriosas ofensivas futuras contra endeudadores seriales,
liberación de tarifas dolarizadas, reformas de la Justicia que prometían
revoluciones para el fin de la Injusticia para multitudes en busca de ídolos en
busca de multitudes, y otras eternidades gastadas por el uso. Cannabis se
balanceaba, palabra latina pero no jurídica del presidente abogado profesor de
Derecho hijo de juez, ante los ojos bien abiertos de otros dos abogados
exitosos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la izquierda y a
la derecha el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Con didactismo de
voz pausada, que nunca revela ni
aceleración ni cansancio en una exposición donde todas las partes están
calificadas con igual puntaje, Fernández anunció que el Gobierno argentino impulsará
un proyecto de ley de fomento a la industrialización de la marihuana.
Considerandos:
El cannabis tiene
propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales.
La industria mundial
del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco
años.
El proyecto prevé la utilización
del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e
industrial.
Antes de pasar al
asunto siguiente, aplausos tibios de la platea legislativa, raleada por los
protocolos profilácticos que nos recuerdan nuestra soledad y nuestra
enfermedad, aprobaron el incentivo para la droga blanda. Más tórrida fue la
reacción del sector privado, todavía incipiente, con intereses en este nicho
herbáceo. También de provincias y municipios que quieren cultivar la variedad
sativa para diversificar las matrices productivas en sus dominios. No es para
menos. Son tiempos de un boom verde que hace estallar, restallar, fumar y
facturar al globo. Según la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), se
espera que en 2027 el mercado mundial de la industria cannábica mueva más de 40
mil millones de dólares: verde que te quiero verde. La tasa de crecimiento
anual superará el 30 por ciento. Con este escenario, la Argentina podría
generar un mercado interno de 450 millones de dólares. La semilla del proyecto industrializador argentino se plantó en
noviembre del año pasado, cuando se volvió a reglamentar la Ley 27.350, de uso
medicinal del cannabis, aprobada por el gobierno de Mauricio Macri. La
iniciativa sancionada en 2017 fue un bluff.
En su reglamentación imponía rigores y limitaciones: sólo admitía su uso para
la epilepsia refractaria, prohibía el autocultivo, no reglamentaba la
producción nacional y no aceptaba ventas por farmacias. Todas flores que se
abrieron con la nueva norma.
Por
el carril legislativo, en octubre de 2020, las diputadas del Frente de Todos
Mara Brawer y Carolina Gaillard presentaron un proyecto de ley para desarrollar
la industria del cáñamo, una variedad de la planta con contenido de THC, el
componente psicoactivo, menor al 1 por ciento. La meta es fabricar desde
fibras, papel y materiales para la construcción, hasta bebidas, infusiones,
suplementos dietarios e incluso biocombustible. “Hay que destacar que si hubo
un cambio de paradigma y la sociedad entendió que el uso del cannabis medicinal
no es el mismo que el recreativo, ahora es momento de comprender que el cáñamo
es una oportunidad para el desarrollo sustentable e industrial de la Argentina.
Si cerramos este debate, generamos puestos de trabajo, desarrollo económico e
industrias novedosas”, explica Brawer en diálogo con Rolling Stone. Tomando esta iniciativa como referencia, el
Ejecutivo decidió unificar el proyecto cáñamo con el medicinal, para la
producción local en diversas esferas. En el verano hubo fumata blanca: se está
armando con paciencia y el aporte de un tridente ministerial que incluye las
carteras de Salud, Desarrollo Productivo y Ciencia, Tecnología e Innovación.
En paralelo, o mejor
dicho en el centro de sus luchas históricas, están las organizaciones civiles y
de usuarios que miran con golosa expectativa estas iniciativas. Apuntan a más
políticas públicas superadoras, por las que batallan desde hace demasiados
años. Después del paso en falso de 2017, quieren analizar cómo se implementa el
proyecto, si avanza en el Parlamento. No la ansiada legalización del consumo
adulto recreativo, ni mucho menos. Pero abrir las puertas a su discusión. El
desarrollo de la industria cannábica acerca el horizonte. ¿O lo terminará ocultando
tras una cortina de humo?
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Seis
años atrás, el doctor Marcelo Morante predicaba sobre la marihuana en un
desierto de prejuicios y desconocimiento. Los tiempos cambian. En noviembre
pasado, este internista y médico rural fue designado coordinador del Programa
Nacional de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis del Ministerio
de Salud. “Soy especialista en medicina del dolor. En 2015, mi hermana Mariela,
que también es médica, estaba postrada a causa de las convulsiones que le
producía un neurolupus, al que no le encontrábamos solución. Me puse a
investigar y descubrí el cannabis medicinal. Entonces me fui a Canadá para
formarme y poder tratarla con el aceite, algo que era un tabú en nuestro país”,
cuenta el galeno nacido y criado en General La Madrid -retengan en la memoria
esta localidad-, un pueblo del centro-sur profundo bonaerense.
Con
el tratamiento, Mariela mostró una franca mejoría en su calidad de vida.
Marcelo siguió estudiando, militó la causa y se convirtió en una eminencia, que
incorporó a sus clases de Medicina del Dolor en la Universidad Nacional de La
Plata: “Me di cuenta de que estábamos formando médicos jóvenes que sabían mucho
de evidencia y poco del sufrimiento. Salían de la facultad sin una herramienta
para pelearle al dolor, como es el cannabis. Entonces propuse algo nuevo,
discutir sobre lo que no sabíamos. En nuestro arte de la medicina, buscamos
curar, pero también generar un acto de amor, acompañar al paciente, que tenga
paz y menos sufrimientos. Por eso no podíamos dejarlo afuera.” Los hermanos
Morante escribieron un libro a cuatro manos: Sin dolor. Historias íntimas del cannabis medicinal. En un apartado
arriesgan: “El compromiso, el perdón y el amor son las mejores herramientas
contra el dolor.” Cuánta razón.
Desde
el Ministerio de Salud, Morante señala que la reglamentación de noviembre
pasado ensanchó las perspectivas para el uso medicinal del cannabis: “De alguna
manera, se empieza a construir un escenario real. La ley tenía un sesgo
restrictivo que favorecía el mercado negro. El principal cambio es que ahora
hay un Estado presente y se trabaja en la reparación con respecto al acceso al
producto y el alcance de la ley penal. Por ejemplo, tenemos por un lado una
legislación que prohíbe la tenencia y a la vez una ley que permite el uso medicinal.
Esas son paradojas que hay que resolver. Entonces, hay que trabajar la nueva
ley sobre tres pilares: el acceso, las cuestiones penales y el posible
desarrollo productivo, como explicó el presidente.” Avanzan en propuestas con
un consejo consultivo junto al aporte de varias ONG, el Conicet, el INTA, la
ANMAT, el INASE, la ANLAP, un consejo interuniversitario y la Defensoría del
Pueblo.
Morante va más allá
de la mirada terapéutica y traza puentes con el proyecto desarrollista que
esbozó Fernández: “Empieza en la semilla y llega al producto elaborado. Eso
genera toda una cadena de valor productivo y se abren escenarios de crecimiento
económico. Hay provincias como Jujuy, San Juan, San Luis, La Rioja y muchos
municipios que empiezan a ver al cannabis como cualquier otro cultivo. Una
actividad que puede generar trabajo e ingreso de divisas para sus regiones. Lo
llamativo de la propuesta es que la Argentina empieza a hacerlo desde una
pequeña ley de investigación de cannabis medicinal, que es insuficiente. Se
abre un escenario distinto y hay que conducirlo a una ley superadora, más
integral y apuntando al desarrollo. Sin dejar de lado a los pacientes, por eso
abrimos el Reprocann, el registro para quienes se les recetó el uso medicinal.
No puede ser que estén en riesgo de tener una causa penal porque usan el aceite
o porque plantan. La gente se juga la libertad. La idea base es ampliar
derechos.”
Con una anécdota de
sus pagos, Morante grafica, campechano, el cambio de época que vive nuestro
país: “Una vez fui a dar una charla al Sedronar y me dijeron que la Argentina
no estaba preparada para discutir sobre cannabis. Es como si yo pensara que
cuando me toca dar clases, los estudiantes no están preparados para aprender.
Al poco tiempo di la charla en mi pueblo, bien rural y de no más de 8000
habitantes. Por ahí se puede pensar que es gente con prejuicios, pero no.
Vinieron el cura, el maestro, el policía, todos. Me escuchaban hablar de
sistema endocannabinoide y decían, ‘mirá vos, qué bueno, puede ayudar al que la
pasa mal’”. Al otro día, recuerda Marcelo, un periodista de la CNN que andaba
por La Madrid siguiendo el tema, frenó en la calle a un gaucho y le preguntó
qué opinaba del cannabis medicinal. El paisano, con sabiduría de hombre de a
caballo, respondió: “Si hace bien, que lo coma el que lo necesite”. El ‘tordo’
Morante dice que el razonamiento del gaucho puede parecer primitivo, pero es de
un irrefutable realismo: “Se llame cannabis o marihuana, si te hace bien, hay
que aprovechar la herramienta. Si hace mal, hay que discutirlo, entender cómo
funciona, estudiarlo, crear leyes que lo regulen. Vamos en ese camino”.
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Cuando escuchó al
presidente hablar de cannabis medicinal
en el Congreso, Valeria Salach sintió que la larga lucha que llevaron adelante
con sus compañeras de Mamá Cultiva progresaba a una nueva etapa: “Seguimos
subiendo escalones. Después de poner el tema en agenda, ahora trataremos de
incidir. De pelear para que la ley no beneficie a unos pocos, que la producción
sea justa para todos. Lo vamos a hacer con más militancia. El anterior
presidente hablaba de ‘guerra contra el narco’, el actual parece un poco más
amigable. Es un cambio de paradigma. Aunque queda mucho para trabajar.”
De una pelea gotita a
gotita para conseguir el derecho al uso medicinal del cannabis nació Mamá
Cultiva. Las madres cultivadoras son una pieza esencial del mundo cannábico,
para los fallos judiciales que dan su visto bueno al autocultivo y para la
sanción de normativas progresistas. Salech es
fundadora y presidenta de la ONG gestada en abril de 2016. Su hijo
Emiliano nació con epilepsia. Tomaba cinco medicamentos para darles pelea a las
convulsiones y nunca mejoraba: “En 2014 empezamos a usar cannabis y vimos un
cambio radical. De ser un nene que no me miraba a los ojos, empezó sonreír,
pedirme jugo, tener una mejor calidad de vida. Entonces me fui corriendo para
la escuela especial donde iba Emiliano y les conté al resto de las mamás. Me
dijeron que era ilegal, que los médicos no lo recomendaban. Noté que faltaba
información, reinaba el desconocimiento. Ahí se me ocurrió hacer una campaña,
luchar. Y al conocer a otros familiares me di cuenta de que no estaba
sola”.
La de Mamá Cultiva
fue una militancia muy boca en boca, que se fue tejiendo en talleres, charlas,
marchas, campañas en redes sociales, repetidas visitas al Congreso para acercar
sus propuestas a los legisladores: “Hablar del cannabis desde la salud fue
clave –destaca Valeria-. ¿Quién le va a decir que no a una mamá que pelea por
mejorarle la calidad de vida a su hijo?” En menos de un año, sus propuestas se
estaban discutiendo en el Parlamento: “Nosotras queríamos un proyecto de uso y
regulación del cannabis medicinal, pero en 2017 salió una ley de investigación
de cannabis, nada que ver. Igual, lo vimos como una apertura. Nos puso en
agenda por primera vez. Imaginate que en esa época fui al programa de Mirtha
Legrand y a la otra semana di un taller que estaba repleto de gente de la
tercera edad. Hay mucha demanda de información sobre el tema y una ausencia
total de políticas públicas. Mamá Cultiva asumió un rol central, donde el
Estado no estaba. Ahora queremos ver cómo avanzan las nuevas iniciativas, como
el desarrollo de la producción. No queremos una ley Marlboro, tiene que ser
inclusiva. Lo que nos saca el sueño es que el Estado funcione como un ente
regulador que permita jugar a todos y todas, que no regulen sólo el mercado y
los grandes jugadores”.
¿Les
da temor el lobby de las grandes farmacéuticas y que el proyecto se enfoque
sólo en el posible negocio?
-Está bien que sea un
gran negocio. Pero hay que agregar valor a la cadena productiva. Que esto no
sea sólo cultivar, exportar flores a Canadá y que después ellos nos vendan los
aceites, el champú y otros productos. Hay que salir de esa mirada extractivista.
Te lo dejo claro, yo soy feminista, voy por la inclusión. No reniego de la
industria. Pero la iniciativa no tiene que dejar afuera a los pequeños y
medianos productores, a las economías populares. Nosotras somos productoras,
damos respuestas a las demandas de la gente. Sabemos de lo que estamos
hablando. Aunque se apruebe una ley de producción este año, va a pasar bastante
tiempo hasta lograr un producto decente de fabricación nacional. Nosotras lo
logramos hace bastante tiempo.
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Aunque se ganó el
mango como politólogo, director de Sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en el palo de las telecomunicaciones, lo que realmente le apasiona a
Pablo Fazio es el emprendedurismo. A finales de los años noventa, antes de que el
neoliberalismo se hiciera añicos por los aires en estas pampas, Fazio tuvo su
bautismo de fuego en el mundo emprendedor con su marca de cerveza artesanal
Otro Mundo. Quince años de su vida, recuerda, le dedicó a las birras. Hace un
tiempo, su olfato atento a los nuevos negocios lo acercó al cannabis: “Me
empezó a llamar la atención que las empresas pusieran plata en ese espacio. Me
metí de curioso, pude viajar y visitar ferias y congresos. Se me abrió un
planeta nuevo. Estaba viendo algo que estaba a punto de explotar, una industria
disruptiva del siglo XXI”. Fue la semilla de Pampa Hemp, un emprendimiento
ligado a la biotecnología, del cual es el CEO.
¿Por
qué decís disruptiva?
-Básicamente por el
potencial. Por ahí uno piensa en cannabis y sólo se asocia al fumar o, en los
últimos tiempos, con el uso medicinal para algunas patologías, pero hay que
entender que hay un montón de satélites de industrialización: cervezas,
alimentos, productos veterinarios, materiales de bioconstrucción, hasta
ladrillos de fibra de cáñamo se pueden hacer. El textil también es un nicho más
tradicional. De hecho, parte del tema de la prohibición tiene que ver con una
guerra comercial, porque el cáñamo competía con la industria petrolera y el
algodón. Lo dicen los libros de Historia.
En 2017, con su socio
Sebastián Tedesco, diseñador industrial y cannabicultor con brevet de décadas en el gremio,
empezaron a recorrer ministerios con la intención de impulsar el desarrollo
productivo de la planta: “Que se discutiera. Pensá que el marco regulatorio era
pobre, restrictivo y totalmente de espaldas a la actividad privada”. En esas
caminatas conocieron a otros emprendedores que estaban quebrando lanzas contra
los mismos molinos de viento. Decidieron agruparse, trabajar un músculo
colectivo, una agenda: “Algo más allá del interés individual por desarrollar
una actividad rentable. Éramos conscientes de que la Argentina no podía quedar
afuera de la agenda de inversiones que el cannabis le estaba proponiendo al
mundo”. Así nació la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), con el objetivo
de crear redes de emprendedores e impulsar una regulación integral que permita
fomentar el desarrollo económico. Al principio era cinco gatos locos, hoy suman
más de cien pequeños y medianos empresarios.
El contexto estuvo
muy verde hasta diciembre de 2019. Fue madurando con el cambio de gobierno:
“Las primeras señales se dieron al mes, cuando en una entrevista la ministra de
Seguridad Sabina Frederic dijo que la despenalización del consumo adulto
responsable de cannabis estaba en la agenda para resolver. Se me prendió la
lamparita y como Cámara conseguimos una reunión con la ministra. Me acuerdo que
le llevé de regalo un paquete de yerba mate uruguaya con CBD, el cannabinoide
que tiene efectos medicinales. Me agradeció el gesto, pero no me lo recibió. En
realidad era algo simbólico, contarle que en el debate público que se abría con
el cannabis medicinal, había todo un universo que nadie estaba mirando, la
agenda de desarrollo económico, de inversión, de creación de puestos de
trabajo, de dinamismo de las economías regionales. Le mostramos catálogos de
productos. Chocolates, pisos flotantes, ladrillos. Nos dio la razón y nos
contactó con el Conicet. El año pasado participamos en la reglamentación de la
ley junto a otros actores. La cereza del postre fue el paper que acercamos al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Nuestras propuestas entran en la agenda del proyecto de ley que se está
discutiendo desde el verano y anunció el presidente. Se está volviendo realidad
nuestro sueño, un nuevo marco regulatorio productivo para el cannabis.
Humildemente, sentimos que ponemos nuestro granito de arena.”
Pampa Hemp firmó el
primer acuerdo público-privado para la producción de cannabis en la Argentina.
A finales de marzo consiguió la autorización del Ministerio de Salud para poner
en funcionamiento el primer cultivo, en la localidad bonaerense de Pergamino.
Los invernaderos, asegura Facio, son una pinturita: “La prioridad es el
cannabis medicinal. Argentina tiene un mercado que debe ser abastecido. Tener
materia prima y enfocarnos en la producción con fines farmacéuticos es el
primer objetivo. Cuando cambie el marco regulatorio, la idea es ir
diversificando, es muy amplio el universo. Quién sabe lo que va a pasar en el
país de acá a dos años.”
Igualmente, hace
futurología. Si el proyecto avanza, Fazio imagina que para 2023 Argentina
podría generar 1500 puestos de trabajo en la producción primaria, “el tocar la
planta”, y miles más en la cadena de valor. Desde la genética hasta la
logística: “Creo también que no hay que entrar en falsos dilemas, somos un país
agroexportador. Si tenemos la posibilidad de producir cannabis y exportarlo,
hay que hacerlo, porque necesitamos dólares como oxígeno. Y en paralelo, hacer
una apuesta a construir valor, agregarle creatividad e innovación, somos un
país agroindustrial y agroalimentario, por qué no vamos a poder hacerlo. El
Estado tiene que crear incentivos, sin impuestos que asfixien, porque esta
industria tiene que ser incubada. No se puede pensar que decimos ‘cannabis’, se
hace magia y va a venir un montón de plata fácil.”
Al despedirse, el
emprendedor afirma que la industria del cannabis global es como un organismo
vivo que va mutando semana a semana: “Legalizan el consumo adulto en Nueva
York, se discute lo mismo en México, en Uruguay y Colombia se avanza con la
exportación de flores, en Estados Unidos se crearon 250 mil empleos formales.
Venimos de 70 años de prohibición y hay mucho por hacer en una industria súper
nueva. Ojalá se pueda”.
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Un año atrás, cuando
empezó a investigar el potencial industrial del cáñamo, la diputada Mara Brawer
descubrió el vacío de conocimientos que reinaba sobre el tema en la Argentina.
“Sabíamos que era una variedad del cannabis que produce mínimas dosis de THC,
en resumen, no ‘pega’. Que las velas de las carabelas de Colón estaban hechas
de cáñamo. Que Manuel Belgrano promovió su cultivo en nuestro suelo. Que en su
momento se hacían ropa y sogas. Que hubo empresas en los años setenta, como la
Linera Bonaerense y la Algodonera Flandria, que con cáñamo fabricaban suelas de
alpargatas y materiales para la construcción, antes de que los militares las
cerraran. Y ahí me metí a investigar y descubrí emprendedores que estaban
desarrollando productos en la actualidad.”
Brawer detalla que en
1961, la primera Convención de Drogas de las Naciones Unidas excluyó al cáñamo
de la lista de las sustancias fiscalizadas. Pero la ley de drogas que decretó
la dictadura en el ’77 determinó la absoluta prohibición de su producción en la
Argentina. Su cultivo es legal en Estados Unidos, Italia, Francia y Colombia,
para fines industriales y hortícolas. Es una commodity más que cotiza en bolsa.
La legisladora
peronista es psicóloga, especialista en temáticas ligadas a la educación. Con
teoría lacaniana explica las resistencias que tuvo que enfrentar cuando comenzó
a esbozar su proyecto: “El estigma que tiene la planta. Los lingüistas hablan
de los desplazamientos significantes. Antes, cuando en la sociedad argentina se
hablaba de marihuana, se la asociaba a lo ‘malo’, ‘droga’, ‘narco’. Después
hubo un desplazamiento y se empezó a hablar del cannabis medicinal, ‘bueno’, ‘a
estudiar’. Ahora, el tercer elemento que queremos incorporar es el cáñamo. Ahí
había un vació de información. Cuando argumentaba en reuniones con otros
diputados y explicaba su historia y características, sin dudas me decían que
había que avanzar con su desarrollo económico, con un marco legal, con
controles.”
Usos muy volados se
pueden proyectar para la industrialización del cáñamo: automotrices como
Wolkswagen fabrican autopartes. Se hacen saborizantes para champán y cerveza.
Aceite con combinación de Omega 3, 6 y 9, que dicen es muy nutritivo, no genera
colesterol y ayuda a su disminución. Sus semillas son ricas en aminoácidos. La
industria de la nutrición lo recibe con los brazos abiertos. Remplaza a la
fibra de vidrio y al plástico. Tiene huella carbono negativa. Es reparador del
suelo: se usa en Chernobyl y en la zona de Vaca Muerta para revivir a la
Pachamama. Brawer cuenta que usa a diario unos anteojos muy coquetos cuyo
armazón está forjado en cáñamo: “Por qué voy a comprar algo de plástico, si
estos son sustentables y ecológicos. Los emprendedores que los hacen, me dicen
que si levantamos las restricciones, arrancan a producir. Esto va a crecer
mucho en el futuro.”
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Jujuy sueña con un Silicon
Valley cannábico. En la localidad de
Perico, a 30 kilómetros de San Salvador, está la finca El Pongo, punta de lanza
del proyecto estatal de producción industrial de cannabis con fines
medicinales. Es la sede de Cannava, sociedad del Estado provincial que quiere
transformarse en un futurista polo agrícola, tecnológico y científico pintado
de verde marihuana. El presidente de la empresa es Gastón Morales. Fue
designado en su cargo por el gobierno de su padre, Gerardo Morales, mandatario
cambiemita de origen radical que maneja los destinos de la provincia norteña
desde diciembre de 2015.
“Este es un proyecto
prioritario para la gobernación. Va en línea con tendencias de desarrollo
global. Es todo un desafío político y económico, impulsado 100% por el Estado”,
aclara el joven abogado de 35 años, sobre el emprendimiento que ya recibió 4
millones de dólares en inversiones de las arcas públicas.
Hace pocas semanas,
Cannava prendió sus motores. Está produciendo el primer ingrediente
farmacéutico activo nacional. Made in
Jujuy. “En diciembre inauguramos el laboratorio piloto. Ahí se hace el
proceso de extracción, purificación y formulación farmacéutica. Actualmente
podemos procesar 2 kilos de cannabis por día, ya llevamos 67 desde diciembre.
Siete litros de ingrediente farmacéutico activo tenemos producidos”, detalla
Morales.
El salto industrial
lo van a dar a mitad de año, cuando esté terminado el complejo biotecnológico,
con un laboratorio de 600 metros cuadrados. Para junio llegarán desde Estados
Unidos los extractores, evaporadores, destiladores y otras maquinarias para
llevar la producción a niveles pantagruélicos. Anhelan procesar 67 kilos de
cannabis por hora, dos o tres hectáreas al mes de las 35 que tienen autorizadas
para trabajar. En 2023, estiman, tendrán 2000 hectáreas plantadas –a campo e
indoor- en toda la provincia. Jujuy será así el verdadero granero cannábico del
país. “Hablar de 600 hectáreas es lo mínimo –precisa Morales-, para crear un
sistema de pequeños productores y abrir el juego al sector privado, invertir y
hacer un ciclo virtuoso con la pata pública”.
No todo, sin embargo,
es color esperanza. Diversas agrupaciones cannábicas y pequeños productores
denuncian que no han tenido posibilidades de participar en el proyecto
estatal. “Vamos volcar el conocimiento
en los pequeños productores, para incorporarlos al sistema provincial de
producción de cannabis –responde el presidente de Cannava-. Queremos que sea un
pilar productivo, para dejar atrás el tabaco y la caña de azúcar, dos
commodities que están en franco retroceso, de los cuales dependen 15 mil
familias. La provincia tiene que pasar de un esquema clásico de economía
primaria, a uno agrícola, atravesado por la ciencia y la tecnología. El
cannabis puede generar 20 mil puestos de trabajo para Jujuy”.
Morales cree que la
apertura industrializadora despeja el camino para la legalización futura del
consumo responsable: “Más allá del tema de la libertad individual, que tiene
mucha jurisprudencia, es fundamental que el sistema político asuma el tema con
madurez. Mirarlo de frente, a los ojos, tratarlo. Cambiaron los paradigmas en
la lucha contra el narcotráfico. La prohibición fue lo que le dio al narco el
poder económico que tiene. Además, la ilegalidad lleva a la violencia. Es un
tema que hay que encarar en forma inteligente y sincerando las cosas.”
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La provincia de
Buenos Aires no es ajena al boom verde. A pocos meses de la nueva
reglamentación de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis, se multiplican los
municipios que regulan el uso público de la planta: más de una docena ya
presentaron sus propias normativas. Desde el primer cordón del Conurbano hasta
localidades bien rurales ven la posibilidad de pasar a la legalidad.
General La Madrid fue
el pionero. El municipio erecto a 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires
es la meca del cannabis medicinal en la Argentina. “La experiencia empezó en
2015, en una charla que dio nuestro paisano Marcelo Morante, actual coordinador
de investigación sobre los usos medicinales de la planta en el Ministerio de
Salud. Contó la historia de su hermana y cómo mejoró su calidad de vida con el
aceite. Se generó un clima en el Salón Blanco de la municipalidad, no sé cómo
describirlo, de emoción, no parábamos de aplaudir. Entonces se decidió hacer
una ordenanza en el Concejo Deliberante y pedir a los diputados que
despenalicen el uso medicinal y de investigación. No hubo grietas, acompañaron
todos los bloques”, hace memoria el intendente Martín Randazzo.
Desde
ese momento, el pueblo de La Madrid se plantó. Fueron tapa de revistas, objeto
de informes televisivos y sede de un seminario regional que recibió 1600
asistentes: “Imaginate que tenemos una capacidad hotelera para 100 personas y
alojamos 500 –hace números Randazzo-. Se abrieron las casas de familia para el encuentro.
Esta es una lucha que atraviesa edades, géneros, ideologías, todos empujando
para el mismo lado, por una herramienta que mejora la calidad de vida de mucha
gente que la pasa mal”.
Luchar
sirve. El pasado 25 de marzo, la pequeña localidad enclavada en la pampa húmeda
recibió la autorización de Salud para iniciar el cultivo de cannabis con fines
de investigación. El intendente explica la alegría que se vive en el pueblo:
“Veníamos con viento en contra, huracanado, pero empieza a salir el sol, vamos
a plantar legalmente. Somos el primer municipio que lo va a hacer. El Estado
estaba ausente, la ley de 2017 no era buena. En un país empobrecido, hubiese
sido suicida comprar el aceite de cannabis importado. Sobre todo teniendo la
posibilidad y las tierras para hacerlo.”
Para
ello, La Madrid tiene listo un espacio de 80 por 45 metros en su Parque
Industrial. “Doble alambrado olímpico, iluminación, cámaras, ingreso
biométricos y custodios. Un invernáculo de 10 por 30, con riego y pozo de agua
–puntualiza-. Se van a producir plantas en base a semillas específicas con alto
contenido de CBD y bajo en THC. Tenemos un potencial enorme. Se pueden abrir
proyectos textiles, de cosméticos y veterinarios. En el contexto de crisis,
necesitamos generar ingresos y trabajo. Está la causa noble por el lado
medicinal. También la posibilidad de crecimiento económico. Qué más se le puede
pedir a una herramienta que nos permite desarrollarnos como pueblo.”
En
el Conurbano no tan profundo, San Martín hizo punta entre los municipios que se
sumaron a la Ley nacional. Tiene aprobada una ordenanza para regular el
autocultivo con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Además, avanza en
la autorización de cultivos comunitarios y convenios con el Conicet y el INTA
para fomentar la investigación. “Es una respuesta integral ante una realidad
que sucedía de hecho. El Estado, algo tarde, hace propia las necesidades de las
familias que usan el aceite y empieza a buscar soluciones. Crear normativas,
una certificación, darles tranquilidad a los usuarios”, explica Mercedes
Contreras, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del
municipio.
Políticas
públicas son las dos palabras que repite Contreras como un mantra: “Vivimos un
cambio radical en la mirada que tiene la sociedad sobre el cannabis. La lucha
de las organizaciones y de los familiares fue fundamental para visibilizar el
tema. Pero lo más importante ahora es el trabajo del Estado codo a codo con la
comunidad. En ese diálogo se construyen políticas públicas en serio.”
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Inclusión.
Esa es la receta que propone la médica neuróloga Silvia Kochen para el proyecto
industrial de cannabis argentino. “Obvio que se anotó primero la industria
farmacéutica, pero tienen que aportar su voz las organizaciones civiles, los
cannavicultores, las cooperativas, los científicos. Hay espacio para todos”.
Kochen
viene de la neurociencia y coordina la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales
(Racme) del Conicet. También es realizadora audiovisual. En plena pandemia,
junto al cineasta Emiliano Serra, filmaron un documental con alto vuelo
informativo sobre el devenir de la marihuana, sus usos terapéuticos y la
maldita prohibición. Un recorrido histórico que comienza 1800 años antes de
Cristo y llega hasta el presente. Se titula Cannabis
medicinal y puede verse sin costos en Vimeo.
Para
el debate que transita la Argentina, Kochen recomienda mirar la experiencia al
otro lado del barroso Río de la Plata: “La ley uruguaya, en mi mirada, aunque
todos la celebramos en su momento, fue un fracaso total. Pasó que el órgano
regulador se puso en un lugar más papista que el Papa y no habilitó a nadie
para producir. En Argentina tenemos que cambiar esa mirada hegemónica de que
los únicos que pueden producir cannabis son las industrias farmacéuticas.
Seguro que hay tensiones y presiones para definir el rumbo del proyecto. Espero
que ganemos los buenos.”
La
postrera calada reflexiva antes de que esta nota se apague o se haga humo queda
a cargo de Martín Armada, editor general de la revista THC, publicación decana del universo cannábico nacional. El
periodista blanquea que, más allá del anuncio del presidente en el Congreso, se
desconocen hasta el momento la letra chica y aun la más grande de la
iniciativa. Que no concentre el desarrollo industrial en pocas manos, problema
endémico de la Argentina, que no haya integración vertical donde una empresa
acapare toda la cadena, que no se restrinja el uso medicinal a ciertas
patologías y que se reserve un espacio al autocultivo son puntos que Armada
señala como fundamentales en la discusión que se viene.
“En realidad, el proyecto no abre el debate por una regulación integral del
cannabis, sino que estaba abierto hace rato en la Argentina y en muchos otros
países –cierra Armada-. Hay un consenso cada vez más amplio de que la
prohibición de una planta que lo único que ha hecho es mejorar la calidad de
vida de las personas, evidencia un sistema de persecución, control social,
estigmatización, extorción y la regulación totalmente irregular de mercados.
Hay que mostrar las patas que sostienen el esquema prohibicionista, es tiempo
de avanzar en ese rumbo.” Mientras tanto, fumando esperamos también ese debate.
Publicada en la revista Rolling Stone, por acá.